

Para la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico el exdiputado habría tenido ingresos que no provenían de su actividad en la Asamblea Departamental.
Las pruebas recaudadas incluyen testimonios, movimientos financieros y documentos notariales que evidenciarían el incremento patrimonial cuestionado.
Con esta actuación, el Ministerio Público avanza en su deber de velar por la transparencia en el ejercicio de la función pública.
El proceso continuará con el juzgamiento disciplinario, garantizando el respeto al debido proceso y el derecho a la defensa de Nicolás Fernando Petro Burgos.