Bogotá DC, 29 de enero de 2026- La Corte Constitucional decidió hoy suspender de manera provisional la Emergencia Económica decretada por el presidente Gustavo Petro, un fallo que sacudió el panorama político y económico del país y que dejó en vilo las medidas extraordinarias con las que el Gobierno buscaba enfrentar el déficit fiscal y el recaudo de $11 billones de pesos, cuyos primeros decretos habían levantado una ola de críticas y colocaba a los departamentos en difícil situación, al tocar las rentas de los licores.

La decisión, tomada por mayoría de magistrados, fue interpretada como un límite claro al alcance del Ejecutivo y como un recordatorio de que la Constitución no puede ser alterada por decretos de excepción sin sustento suficiente. Apenas se conoció la noticia, los gremios empresariales reaccionaron con alivio: Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, aseguró que la Corte devolvía confianza a los inversionistas y que la salida a la crisis debía ser una reforma tributaria discutida en el Congreso, no un decreto improvisado.

Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, celebró que se frenara lo que consideraba un golpe al comercio y a la competitividad, y pidió al Gobierno escuchar a los sectores productivos antes de imponer cargas adicionales.
Desde Antioquia, las voces políticas también se hicieron sentir
Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín, quien ha venido enfrentando al presidente Petro, afirmó que la suspensión de la Emergencia Económica protege la estabilidad jurídica de las ciudades y que era hora de trabajar en conjunto por soluciones reales.
Andrés Julián Rendón Cardona, gobernador de Antioquia, otro de los críticos del presidente Gustavo Petro, sostuvo que la Corte ha defendido la Constitución frente a un abuso de poder y que los territorios necesitaban autonomía para enfrentar sus propios retos fiscales.
Los exministros de Hacienda, como Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas, coincidieron en que la declaratoria de Petro fue apresurada y técnicamente insostenible, y advirtieron que el vacío fiscal de más de $16 billones de pesos obligará al Gobierno a presentar una Reforma Tributaria negociada en el Congreso.

Académicos y expertos señalaron que la suspensión abre un escenario complejo: por un lado, se detienen los nuevos recaudos bajo el decreto, aunque los ya realizados permanecen intactos; por otro, se anticipa un pulso político que marcará el rumbo económico de 2026. La crónica de este episodio muestra a un país en tensión, con gremios celebrando, mandatarios regionales reclamando participación y expertos alertando sobre la urgencia de consensos, mientras el Gobierno enfrenta un golpe institucional que redefine su estrategia y lo obliga a regresar al terreno de la negociación democrática








