Por riesgo de fuga Consejo de Estado dejó vigentes ordenes de captura de «paz total»

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Gobernador ganó fallo ante el Consejo de Estado para evitar la libertad y fuga de delincuentes.

Bogotá, 22 de mayo de 2026 — En una decisión que marca un nuevo capítulo en el debate jurídico sobre la política de “paz total”, el Consejo de Estado suspendió parcialmente la resolución del Gobierno Nacional que había ordenado detener la ejecución de siete órdenes de captura contra integrantes de estructuras armadas vinculadas a delitos graves. El alto tribunal advirtió que la medida carecía de justificación suficiente y no cumplía los requisitos exigidos por la Corte Constitucional, lo que podría generar un riesgo de fuga internacional.

La decisión, con ponencia del magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro, concluye que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no aplicó los parámetros establecidos en la Sentencia C‑525 de 2023, mediante la cual la Corte Constitucional condicionó la suspensión de capturas a una verificación individual y rigurosa de cada caso.

Los beneficiados por la resolución ahora anulada parcialmente son: Alberto Antonio Rodríguez Henao Acevedo, Andrés Dimaría Oliveros Correa, Fredy Alexander Henao Arias, Gustavo Adolfo Pérez Peña, Jhon Fredy Yepes Hoyos, Mauricio de Jesús Morales Múnera y Rodrigo Henao Acevedo, todos vinculados a organizaciones criminales de alto impacto.

El Consejo de Estado precisó que la suspensión de órdenes de captura no puede ser discrecional ni generalizada, y que además de la motivación del Ejecutivo debía existir un examen judicial y fiscal sobre la idoneidad de la medida. En este caso, la resolución del Gobierno no incluyó esa verificación, lo que vulnera los condicionamientos fijados por la Corte.

El fallo recuerda que las solicitudes de suspensión deben cumplir tres parámetros esenciales: Motivación administrativa suficiente. Necesidad de la medida para los fines de la política de paz. Comprobación de que los beneficiarios estén efectivamente cobijados por los acercamientos o negociaciones autorizadas. El tribunal también alertó sobre un riesgo de fuga internacional, al constatar que varios de los implicados podrían salir del país por zonas cercanas al aeropuerto José María Córdova, en el Valle de Aburrá. Solo dos de ellos —Andrés Dimaría Oliveros Correa y Alberto Antonio Henao Acevedo— tienen restricciones migratorias vigentes.

La medida cautelar concedida afecta únicamente las siete órdenes de captura aún suspendidas, mientras que otras dieciséis fueron excluidas del fallo, dado que la Fiscalía General de la Nación ya había revocado previamente su suspensión.

Con esta decisión, el Consejo de Estado reafirma que la aplicación de la política de “paz total” debe ajustarse estrictamente al marco legal y constitucional, evitando interpretaciones amplias que puedan poner en riesgo la seguridad y el cumplimiento de la justicia.

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Zuluaga, celebró la decisión del Consejo de Estado.

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Área Metropolitana del Valle de Aburrá: Soy antipólvora
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