Medellín, 5 de febrero de 2026. En un hito para la defensa del sistema sanitario, el Tribunal Administrativo de Antioquia emitió un incidente de desacato contra altos funcionarios del Gobierno Nacional por el incumplimiento reiterado en el pago de las deudas con la salud. La medida, derivada de una Acción Popular interpuesta por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, advierte a los ministros de Hacienda y Salud, así como a otros directivos, que podrían enfrentar arrestos de hasta seis meses y multas patrimoniales si no se ponen al día con los pagos. El mandatario local calificó la decisión como un «triunfo para garantizar la vida» ante la crisis financiera que asfixia a los hospitales.
La situación es crítica: las EPS intervenidas por el Estado adeudan solo al Hospital General de Medellín más de $173.000 millones, un incremento del 36 % desde que se inició el proceso legal. A nivel regional, la deuda en Antioquia asciende a $8 billones, mientras que en todo el país la cifra alcanza los $33 billones. Esta asfixia económica ha llevado a los servicios de urgencias de la ciudad a niveles de ocupación alarmantes, que oscilan entre el 130 % y el 162 %, debido a la falta de insumos y la interrupción en la entrega de medicamentos para pacientes crónicos.
A pesar de la falta de transferencias nacionales, la Alcaldía de Medellín ha inyectado recursos históricos por $439.000 millones para evitar el colapso de la red pública hospitalaria. El alcalde Gutiérrez denunció que, mientras el Gobierno alega falta de presupuesto para la salud, se han destinado billones a contrataciones en periodos electorales. Con este fallo, la justicia busca proteger el derecho fundamental a la salud de millones de ciudadanos, obligando al Ejecutivo a priorizar el flujo de recursos hacia las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
Federico Gutiérrez Zuluaga, ante el fallo, destacó la gravedad de la salud en el país.









