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Medellín, 6 de abril de 2026. El Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Zuluaga, ha anunciado que presentará ante el Congreso de la República una propuesta de ley para derogar la política de «Paz Total», tras rechazar la solicitud del Gobierno Nacional de suspender las órdenes de captura contra 23 cabecillas criminales, según lo manifestado por el mandatario. Argumentó que esta medida compromete la seguridad nacional y los derechos de las víctimas, calificando la estrategia como un beneficio para estructuras dedicadas al narcotráfico y la extorsión.
La propuesta surge como respuesta a la intención de Gustavo Petro de otorgar roles de «voceros de paz» a individuos con amplios historiales delictivos por homicidio, narcotráfico, asociación para delinquir, secuestro y desplazamiento forzado. El alcalde advirtió que permitir la libertad de estos jefes de bandas criminales en periodos cercanos a procesos electorales representa un riesgo para la democracia y la justicia. Además, confirmó que enviará una justificación técnica a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, detallando la inconveniencia de levantar dichas restricciones judiciales.
A nivel internacional, el mandatario pondrá en conocimiento de organismos de cooperación y agencias de Estados Unidos y Europa las implicaciones de estas decisiones, debido a la naturaleza transnacional de los delitos cometidos por estas organizaciones. Gutiérrez Zuluaga enfatizó que estructuras lideradas por sujetos como alias «Douglas» continúan ordenando crímenes desde las cárceles, por lo que debilitar la autoridad del Estado frente a ellos incentiva la impunidad y pone en riesgo la estabilidad institucional del país.
Pese al panorama nacional, la administración resaltó que Medellín registra una disminución del 18 % en los homicidios en comparación con el año anterior, fruto de la articulación entre la Fuerza Pública y la Fiscalía. El alcalde reiteró que cualquier proceso de paz debe fundamentarse en la justicia y el respeto absoluto a la ley, asegurando que su gobierno seguirá denunciando cualquier injerencia que pretenda fortalecer el control territorial de los grupos armados ilegales sobre las comunidades.









