Medellín, 30 de octubre 2026.- Duró poco la casa por cárcel. Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, deberá cumplir la detención preventiva en un establecimiento carcelario y no en su residencia, como lo había decidido en primera instancia un juez de control de garantías.
Así lo resolvió el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín, que al estudiar los recursos de apelación revocó parcialmente la medida y ordenó expedir la boleta de encarcelación para que el Inpec la haga efectiva.
La apelación de la víctima
El giro llegó por cuenta del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, reconocida como víctima en el proceso. Su representación judicial apeló la decisión del Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, que a comienzos de octubre le había concedido a Quintero el beneficio de la detención domiciliaria.
La entidad argumentó que, por la gravedad de los hechos investigados y el posible detrimento de recursos públicos, la medida debía cumplirse en un centro de reclusión. El juez de segunda instancia le dio la razón.
“Los recursos públicos se respetan. Desde el Área Metropolitana, como entidad víctima, hemos defendido con firmeza el patrimonio de los ciudadanos y acudido a las herramientas jurídicas para que estos hechos sean investigados. Apelamos la decisión inicial porque consideramos que la detención domiciliaria no era suficiente. La corrupción no puede tener privilegios y seguiremos trabajando para que se esclarezca lo ocurrido y se haga justicia”. Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Seis contratos con los bomberos de Itagüí
El caso gira en torno a presuntas irregularidades en seis contratos firmados entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante la administración anterior de la entidad. Según los elementos analizados en el proceso, el posible detrimento patrimonial superaría los 2.481 millones de pesos, por presuntos sobrecostos y por bienes o servicios pagados sin respaldo.
La Fiscalía le imputó a Quintero los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, cargos que no aceptó. El expediente hace parte de un proceso más amplio en el que ya hay otras personas imputadas y una primera condena por preacuerdo.
Para el Área Metropolitana, la decisión es una señal positiva para la ciudadanía y una muestra de que las instituciones siguen actuando para esclarecer hechos que afectan el patrimonio público. La entidad reiteró su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de control.
La medida de aseguramiento no es una condena: Miguel Quintero conserva la presunción de inocencia mientras avanza el proceso en su contra.
