Bogotá D.C., 2 de noviembre de 2026. Graves denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en procesos de contratación adelantados en el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) durante los cuatro días previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, comprometiendo recursos por cerca de $125 mil millones.
La revelación se conoce mientras concluye en Medellín la edición 2026 de Colombia Travel Expo, considerado uno de los eventos más importantes del sector turístico del país, al reunir a representantes de la hotelería, las aerolíneas, los operadores turísticos, los restaurantes, los prestadores de servicios y los principales mayoristas de la industria.
El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, denunció las presuntas
irregularidades encontradas en la contratación de FONTUR durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, tras identificar 148 contratos por más de $125.000 millones que habrían sido suscritos en apenas cuatro días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías.
Según el funcionario, la revisión de estos procesos contractuales permitió identificar posibles incumplimientos de requisitos legales, presuntas falsedades en documentos públicos y eventuales alteraciones de fechas y firmas. Los hallazgos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y también serán trasladados a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación para las investigaciones correspondientes.
Gómez Amín aseguró que el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella mantiene el compromiso de informar con transparencia sobre las condiciones en que recibió la administración pública.
«Quiero compartir con todo el país una grave denuncia dentro del sector turismo. El gobierno anterior hizo fiestas con la contratación pública y con los recursos de todos los colombianos. Nuestra obligación es decirle al país cuál es el estado real en que recibimos a Colombia», manifestó el ministro.
El jefe de la cartera de Comercio agregó que las autoridades deberán establecer las responsabilidades correspondientes. «El gobierno anterior tiene que responder por lo que ocurrió en FONTUR. En el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella los recursos públicos se respetan, son sagrados, y cualquier irregularidad que encontremos será denunciada sin titubear un solo minuto», concluyó.









