Medellín, 19 de enero de 2026- Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín, rechazó enfáticamente las cínicas declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien utilizó la frase “los ricos también lloran” para referirse a las lágrimas del gerente de Hospital San Rafael de Itagüí al no haber podido pagar sueldos y primas en diciembre al personal médico ante crisis financiera que atraviesa la institución por culpa de las EPS y especialmente la Nueva EPS, intervenidas que desde agosto no han abonado a multimillonaria deuda.
El alcalde de Medellín calificó de «sinvergüenzas» a los funcionarios del Gobierno Nacional, encabezados por el nefasto ministro de Salud Jaramillo, quien se ha burlado de millones de pacientes sin drogas, hospitales sin pago de servicios prestados y que tienen el sistema de salud en la peor crisis de su historia, mientras crece la burocracia en el gobierno de Gustavo Petro, en vísperas de las próximas elecciones.
El mandatario distrital sostuvo que la actual gestión del sistema de salud está

motivada por una «lucha de clases» que, en su opinión, termina perjudicando principalmente a las poblaciones más vulnerables. Aseguró que el desabastecimiento de medicamentos y la asfixia financiera de las entidades prestadoras de salud no afectan solo a un sector privilegiado, sino que condenan a los ciudadanos más pobres a la falta de atención oportuna.
Gutiérrez vinculó las palabras del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, con narrativas históricas de violencia en la ciudad, lamentando que se utilice este tipo de retórica para minimizar la crisis humanitaria y administrativa que vive el sector sanitario en Antioquia y el resto del país.
Finalmente, el alcalde expresó que la prioridad debe ser la protección del sistema de salud y no la polarización política. Hizo un llamado a revisar con urgencia la situación de los hospitales que, como el de Itagüí, enfrentan deudas millonarias que comprometen su operatividad básica. Para la administración de Medellín, la situación actual representa un retroceso en la garantía de derechos fundamentales, por lo que instó al Gobierno Nacional a asumir una postura técnica y humanizada que permita superar la emergencia hospitalaria y garantice la entrega de medicinas a todos los colombianos.









