Medellín, 19 de enero de 2026. En el encuentro de hoy en el ministerio de Hacienda donde participaron el ministro de las finanzas Germán Ávila, el ministro del Interior Armando Benedetti, el director de la DIAN y el director de DNS Didier Tavera, con asistencias de 17 gobernadores, entre ellos Atlántico, Tolima, Valle, Chocó, Nariño, Meta. Boyacá, Santander y en forma virtual el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón Cardona, terminó sin acuerdos en torno a la Emergencia Económica que golpea las finanzas de la salud, educación y deporte con el Decreto 1474 de 2025, que modificó el impuesto al Consumo y el IVA a licores y cigarrillos. afectando gravemente las rentas que financian los servicios sociales de todos los departamentos.
Los gobernadores, en la rebelión encabezada por el mandatario de Antioquia Andrés Julián Rendón Cardona, quien intentó viajar a Bogotá al encuentro de mandatarios departamentales con el alto gobierno, el avión debió desviarse a al aeropuerto Perales, de Ibagué, desde la sala de espera participó virtualmente en el encuentro, donde hasta la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro aseguró que no gustó la frase del ministro de Hacienda Ávila, que: «Nuestra Nación es unitaria y centralizada y nosotros somos unitaria»…

Ante la falta de consenso, los mandatarios anunciaron que acudirán a la Corte Constitucional para solicitar una medida de suspensión provisional del citado decreto. Argumentan que la normativa pone en riesgo la estabilidad financiera de las regiones al centralizar decisiones sobre impuestos que históricamente han sido cedidos a los entes territoriales. Para las gobernaciones, defender estos ingresos es una prioridad absoluta, ya que de ellos depende la operatividad de hospitales, colegios y programas deportivos que atienden a las comunidades más vulnerables en todas las subregiones.
A pesar de las diferencias técnicas y jurídicas, los departamentos reiteraron su voluntad de mantener los canales de diálogo abiertos con los ministros de Hacienda y del Interior. No obstante, enfatizaron que la defensa de la Constitución y la autonomía no es negociable, por lo que continuarán agotando todas las instancias legales para evitar el debilitamiento de las finanzas regionales. El panorama se mantiene bajo tensión institucional mientras se espera un pronunciamiento de los órganos judiciales sobre la validez de las medidas adoptadas por la administración central de Gustavo Petro y su gabinete.









